Se da consultoría, asesoría a víctimas de delitos informáticos, personas físicas o jurídicas, así como a bufetes o abogados especializados en derecho penal.
Se le brinda un acompañamiento a la víctima del delito informático en la atención del incidente informático, así como al establecimiento de protocolos de seguridad informática que le permitan reaccionar de forma adecuada, en respeto de la evidencia digital.
Se ejerce la representación legal en el proceso penal a víctimas de delitos cibernéticos. Cuando la víctima requiera el resarcimiento de los daños y perjuicios vinculados con el delito informático, se ejercerá la acción civil resarcitoria con el fin de obtener una indemnización. Al mismo tiempo, se asesora a la víctima en la negociación de salidas alternas al conflicto generado por el ilícito penal informático.
Se realizan auditorias a empresas sobre el cumplimiento del marco normativo aplicable sobre derecho informático en Costa Rica.
Esto con el fin de evitar sanciones administrativas o penales, por procesos internos de las empresas que incumplen la legislación costarricense.
Las relaciones laborales donde se utiliza un ordenador como herramienta de trabajo debe estar debidamente reglamentado y se deben crear protocolos de acción para evitar la comisión de acciones informáticas delictivas que puedan generar responsabilidades penal o civiles.
Se realizan Informes de análisis y evaluación de riesgos legales en la actividad empresarial, así como un plan de actuación para contrarrestar los riesgos encontrados.
Si una persona es víctima de un delito informático o una acción que le perjudique su derecho de autodeterminación informativa por medios tecnológicos, se le dará una asesoría especializada.
En una asesoría de este tipo se busca que las personas puedan controlar sus datos personales con el fin de que estos no le generen un perjuicio al ser inexactos, desactualizados, falsos, no estar adecuados al fin para el que fueron recolectados o que no exista consentimiento informado sobre su tratamiento.
Se hará un análisis jurídico personalizado en casos de derecho al olvido.