Protección de Datos PersonalesEl marchamo digital y los peligros de construir una infraestructura vigilante.

El gobierno de Costa Rica anunció el proyecto de  Marchamo digital, el cual promete modernizar la regulación vehicular y simplificar los servicios para los ciudadanos.

De acuerdo, al presidente Rodrigo Chaves Robles:

“Con esto los vehículos estarán identificados de manera única por medio de un chip que enviará la información hacia un sistema informático y esta información la podrán leer los equipos de la Policía de Tránsito”

Como lo indica Casa Presidencial la tecnología RFID permite la identificación de objetos por radio frecuencia, por lo que el marchamo digital podrá captar cientos de vehículos a la vez, con el fin de alimentar un sistema centralizado, el cual orquesta los sistemas de servicios ciudadanos y que puede ser ser leído por la Policía del Tránsito.

Al mismo tiempo, la señora Mónica Araya, presidenta ejecutiva del INS, indicó que “con la con la firma del decreto que declara el proyecto de interés público, estamos seguros que podremos seguir avanzado con el apoyo de muchas instituciones para quienes esta iniciativa será de gran ayuda”. 

De lo anterior, podemos concluir:

a) Están creando un sistema centralizado de información que contendrá la información  que es capturada de los vehículos que transiten cerca de la infraestructura instalada.

b) La policía de tránsito podrá “leer” esta información, pero pareciera que no será la única institución que podrá tener acceso a esta información.

Con esta información tenemos que analizar si esto representa un riesgo para la privacidad ciudadana.

Riesgos para la privacidad ciudadana.

Lo primero que debe mencionarse es que la privacidad es un concepto que se adapta constantemente a las expectativas que la sociedad tiene respecto a ella, de ahí la importancia de mantener un debate profundo y bien fundamentado sobre estos temas.

Lamentablemente, en el siglo XXI, Costa Rica se ha caracterizado por dirigirse a una ciudadanía más transparente -con menos privacidad- con respecto al Estado, ya que detrás de un escritorio muchos funcionarios han decidido qué información de los costarricenses se publica en internet, sin ninguna clase de debate público, ni a través de ninguna legislación que los habilite.

Muchos dirán que algunas instituciones públicas, con gran liderazgo del TSE, han socavado la privacidad en nuestro país, pero sinceramente esa es una afirmación derrotista que no se apega a la realidad de esta materia. No debemos olvidar que en el año 2010 Mark Zuckerberg,  CEO de Facebook, indicó que la privacidad había muerto, pero que debido a los distintos escándalos y gran cobertura de la prensa a reportajes sobre privacidad, en el 2018 indicó que el futuro es privado. Lo anterior nos debe dar una lección sobre la importancia del papel del ciudadano y la prensa para presionar hacia un mundo más privado.

Por esto, debe fomentarse la participación de la ciudadanía en el debate  y la toma de estas decisiones, por lo que la comunidad jurídica y los medios de comunicación deben ser punta de lanza en la discusión de estos temas, la cual debe realizarse apegada a lo técnico y la verdad.

Esta no es una discusión que deba centrarse en el contexto de la actual administración, sino que debe verse con una visión hacia el futuro, porque la infraestructura tecnológica y regulatoria que construyamos hoy serán las bases de la Costa Rica del futuro. 

¿Cómo puede abusarse la infraestructura propuesta?

Para realizar este análisis parto de la premisa de las buenas intenciones del proyecto, que tiene como fin el sentar las bases hacia una Costa Rica que cuente con ciudades inteligentes y brinde mejores servicios al costarricense. Sin embargo,  con buenas intenciones también se ha venido socavando la privacidad en nuestro país, por lo que sea necesario analizar todas las posibilidades de abuso para tomar las decisiones en conocimiento de los riesgos de los proyectos vinculados con la tecnología.

Los ciudadanos debemos preocuparnos de dos posibilidades que se abren con la instalación de una infraestructura vigilante:

(a) Un gobierno vigilante lo usa para control de los ciudadanos. Se debe ser claro que aunque en este gobierno puedan existir buenas intenciones, una vez la infraestructura se encuentre instalada podrá ser utilizada por futuros gobernantes para conocer los trayectos, rutinas de traslado y ubicación de los costarricenses.

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que con el crecimiento de la inteligencia artificial toda esta información podría ser utilizada para hacer más relaciones y análisis que superan la capacidad humana, con mayor impacto en la vida privada del ciudadano.

Por ejemplo, cuando la Sala Constitucional decidió que no era necesaria la autorización de un juez para que la Fiscalía solicitara información sobre las listas de llamadas de una persona, ya que no se tenía acceso al contenido de las llamadas, no pensó que bajo esa mismo criterio sin orden de un juez kölbi entrega el historial de ubicaciones de sus clientes, a través de un sistema informático centralizado llamado SOLITEL.

Por lo que efectivamente, estos datos del Marchamo Digital, que podrán compartirse con otras instituciones, también podrán accederse sin una orden judicial.

(b) Violación de datos personales por parte de grupos delictivos, agencias  de inteligencia extranjeras y funcionarios fisgones. Como norma general, si los datos son recopilados existirá un riesgo de que estos sean obtenidos por terceros no autorizados. En Costa Rica, la mayoría de ella población ha recibido llamadas en donde los delincuentes han obtenido información de estos y con los cuales construyen engaños, por lo que no hay nada que nos pueda hacer pensar que va a ser diferente esta vez.

¿Transgrede el bloque constitucional el marchamo digital? ¿Cuál es su similitud y diferencia con el CASO UPAD?

Es importante analizar que aunque la información contenida en el chip no es información sensible sí sirve para hacer tratamientos y relaciones posteriores con dicha información que puede revelar información sensible y  los ciudadanos no cuentan con opciones para proteger su privacidad sin exponerse a multas por no tener instalado el chip del marchamo en sus vehículos.  En un futuro, podrían inclusive crear multas por interferir con la señal del chip. 

La diferencia entre ambos casos es que este proyecto implica la instalación de una infraestructura que permitiría vigilar y controlar a la población si se llevan a cabo acciones de análisis adicionales. Mientras tanto, la UPAD era un programa que centralizó datos de diversas fuentes, incluidas aquellas que contenían información sensible, lo que permitía consultar sin restricciones la información de cualquier individuo una vez que estuviera en su poder.

No obstante, la similitud reside en que, sin una ley habilitante, ambos casos lesionan derechos fundamentales, lo que sin duda va en contra de los principios de reserva de ley y legalidad, así como también transgrede la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales.

Se debe tomar en cuenta que todavía contamos con relativamente poca información, por lo que será un tema que deberá seguirse desarrollando.

José Adalid Medrano Melara

Abogado especialista en derecho informático, conferencista internacional, consultor, litigante, investigador académico y capacitador sobre ciberdelincuencia y protección de datos personales. Coordinador de la Especialización en derecho informático de la Escuela Libre de Derecho y de la Comisión de Innovación regulatoria del Colegio de Abogados y Abogadas.Cuenta con más de quince años de estudio del fenómeno de la ciberdelincuencia, co-redactor de las reformas al Código Penal costarricense sobre delitos informáticos ( Leyes № 9048 y № 9135).

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